Todo parece indicar que la propuesta de Ley será presentada en el Pleno del Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de Sesiones que iniciará en Septiembre, además de que se buscará la Aprobación de la llamada Ley de Austeridad, propuesta del grupo parlamentario de MORENA.
Recordemos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el 20 de mayo pasado que presentaría una iniciativa para modificar el Artículo 28 de la Constitución en donde se pretende establecer que está prohibida la condonación de impuestos a personas físicas y morales, con el objeto de que se acaben los abusos que se cometían en el pasado.
Ese mismo mes, el titular del Ejecutivo firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos a las grandes empresas que evitaban, con ayuda del Gobierno, el pago de sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con el gobierno federal solo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) se perdonaron a las grandes empresas el pago de 400 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas públicas, y fue calificado por el presidente López Obrador como “huachicoleo de cuello blanco”.
En los últimos dieciocho años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual), a 153 mil 530 contribuyentes, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación que dispone en qué casos excepcionales podría el titular del Poder Ejecutivo permitir esa medida.
Las distinciones principales de los esquemas adoptados tres veces a lo largo de dieciocho años es que se trata de condonaciones generalizadas, donde lo decisivo era estar en situación de incumplimiento fiscal, y que además fueron promovidas a través del Congreso.
Así, tenemos que el primero de estos esquemas se presentó por medio de unas disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación (2000), que contenían no sólo condonaciones sino la restricción al Fisco Federal respecto de sus facultades de comprobación: si el contribuyente cumplía con su declaración del 2000 y se mantenía cumpliendo, se “olvidarían sus irregularidades anteriores” (así se promocionó), informó la titular del SAT, Margarita Rios Farjat.
Este esquema de condonación volvió a presentarse en 2007 y 2013 pero ahora a través de la Ley de Ingresos de la Federación para esos ejercicios, y si bien ya no restringía las facultades del Fisco, sí implicaba condonaciones mucho mayores en términos económicos. En el 2000 se condonaba entre el 10% y el 12.5% del crédito fiscal a cambio del pago del resto, en tanto que entre 2007 y 2013 se condonaba el 80% a cambio de liquidar el 20%.
En el periodo 2007-2018, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos (a valor actual).
La titular del SAT mencionó que en 2007-2012 recibieron el beneficio 18,302 contribuyentes, cifra muy rebasada en 2013-2018, pues se beneficiaron entonces 135,228 contribuyentes. Ríos-Farjat observó que la tendencia creciente a utilizar la condonación generalizada de impuestos cada seis años, con lo que quedaba en entredicho el principio de política fiscal de reservar esas medidas para casos de urgencia y necesidad, que además contravenía el principio constitucional de que todos contribuyamos a la carga pública de forma proporcional y equitativa.
Además de que, en el caso de la de 2001-2006 se controvirtió el estado de derecho al restringir al fisco sus facultades de comprobación y borrar así el historial fiscal; y se mermó la recaudación secundaria (por las auditorías que no se hicieron).
La Jefa del SAT agregó que no se trataba de la eliminación de un incentivo fiscal sino de una práctica que, nos guste o no, ya se había pervertido pues instaba a los contribuyentes a aguardar cada seis años la dispensa de sus impuestos, esto en detrimento de los contribuyentes cumplidos, quienes se esfuerzan y sacrifican para mantener al país. Que el mayor incentivo fiscal es no excepciones, piso parejo y espíritu solidario para salir adelante.
En concordancia con lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no impulsar este tipo de medidas porque lastiman a la sociedad, y reiteró su compromiso de combatir los privilegios fiscales que dañan las finanzas públicas. Manifestó, y firmó en el Decreto, que solo utilizará la medida en los términos que marca la ley fiscal, esto es, para impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos; en casos de catástrofes naturales sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias; así como el pago en especie y los beneficios fiscales otorgados en 2015 en materia de vivienda.
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