Las titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrrostro, firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información que permita vigilar y fiscalizar las compras públicas del gobierno federal, desde el proceso de planeación hasta la ejecución de los contratos.
Sandoval aseguró que las compras públicas en el Gobierno Federal, que acaparan un billón de pesos al año, equivalente al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción.
Por ello, partir de esta administración, las compras públicas de todo el gobierno están a cargo de la Oficialía Mayor, con la intención de reducir al máximo el número de unidades compradoras y el contacto que éstas tienen con proveedores.
“Cada que hay un punto de contacto entre un servidor público y un privado, hay un potencial riesgo de corrupción; lo que se ha hecho en todo el mundo, las mejores prácticas, es reducir el número de contactos entre sector público y sector privado. ¿Eso a qué nos lleva? A compactar las unidades compradoras y a un modelo de compras consolidadoras. Este modelo se ocupa desde 1990, no son nuevos, ha habido mucha experiencia en otros países y mucho éxito, y lo que nos han arrojado es que cuando se empiezan a usar estos modelos, los primeros impactos son entre el 20 y el 30 por ciento de ahorro: la meta que nos hemos establecido como gobierno en este primer año de administración ha sido un 20 por ciento mínimo”, dijo Buenrrostro.
Si la Oficialía Mayor concentra a las unidades compradoras, la SFP conserva la labor fiscalizadora de los procesos. “La Secretaría de Hacienda será responsable de estas compras y sus sistemas, mientras que nuestra Secretaría también brindará asesoría normativa con un carácter preventivo sobre políticas de control interno, vigilancia, fiscalización, inspección y revisión de las contrataciones.
Es decir, la Función Pública conservará las facultades fiscalizadoras de control, inspección y vigilancia en materia de adquisiciones, lo cual es muy importante para nosotros subrayar porque se ha transmitido una idea errónea de que la Función Pública ya no participa en estas asignaciones”, aclaró Sandoval Ballesteros.
Buenrrostro informó que derivado de la concentración en su oficina de los procesos de adquisiciones se ha logrado un ahorro de 145 mil millones de pesos a julio de 2019, de los 200 mil millones que se han fijado como meta para finales de año.
El convenio permite que ambas dependencias compartan información sobre servidores públicos que participan en los procesos de adquisición y de los proveedores con quienes se firman los contratos.
La Oficial Mayor explicó que la nueva política de contrataciones se reforzará con la renovación de la plataforma CompraNet —que inició en la administración anterior—, la cual podrá concretarse en tres o cuatro años, para poder dar seguimiento digital a los procesos de adquisiciones desde la planeación hasta la ejecución y fiscalización de los recursos públicos destinados a las compras públicas, transparentando qué funcionarios y qué proveedores participan en la transacción.
En tanto, dijo que ya se lanzó un primer módulo de lo que será la nueva plataforma, una “tienda digital”, parecido, dijo la Oficial Mayor, a “Mercado Libre”, en el que las dependencias federales hacen su requisición de artículos de oficina y a través de ese mercado, Hacienda se los compra y provee.
Con información de
Este Convenio, así como otros más que se han celebrado, como el de la semana pasada con el Servicio de Administración Tributaria, y otros que se estarán celebrando con diversas instituciones públicas, buscan intercambiar información de manera automatizada que permita identificar rápidamente cualquier potencial riesgo que afecte las metas del gobierno, en los ámbitos siguientes:
- Servidores públicos, se requiere contar y dar seguimiento a datos personales.
- Declaración patrimonial, a fin de identificar posibles conflictos de interés; ingresos y propiedades que correspondan a su nivel salarial;
- Verificación automática de los datos del servidor público que se registra como responsable de una solicitud de compra o de una compra en la Oficialía Mayor, con la información de nivel de responsabilidad, institución a la que se encuentra adscrito, nivel salarial, entre otros, del registro de servidores públicos en la Secretaría de la Función Pública.
- Contratos de obras públicas; resulta conveniente intercambiar información registrada en la Oficialía Mayor, tales como, planos, tiempos de ejecución, dimensión, estimación de tiempos de construcción, costos de la construcción; para que SFP los utilice como referencia para el seguimiento y supervisión de obra pública.
- Empresas; evitar riesgos administrativos y financieros:
- Con la suscripción de contratos en caso de que la empresa cuente con incumplimientos en el suministro de bienes o en la prestación de servicios en cualquier institución pública, ya sea porque hayan entregado algo distinto a lo establecido en el contrato o no hayan entregado nada;
- Tomar medidas oportunas en caso de que los terceros proporcionen información falsa o de mala fe;
- Cuando presenten antecedentes de rescisión de contratos o inconformidades por las contraprestaciones pactadas;
- Identificar y actuar oportunamente en caso de que se hayan efectuado pagos indebidos, ya sea por bienes o servicios no entregados; entre otros.
La suscripción del Convenio, no solo fortalece el intercambio de información entre ambas instituciones, Secretaría de la Función Pública y Oficialía Mayor, también contribuye y fortalece los trabajos de la Oficialía Mayor para la creación de un nuevo sistema electrónico de contrataciones públicas transaccional que abarcará el ciclo completo de cualquier contratación –planeación e investigación de mercado, proceso de contratación y administración del contrato- a través de una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que esté interconectada a los sistemas de información gubernamental como son los del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Tesorería de la Federación (TESOFE), Secretaría de la Función Públicas (SFP), Secretaría de Economía (SE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre otros.
La nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, es un proyecto de mediano plazo que se desarrollará en diferentes etapas o módulos, siendo el primero el Módulo de la Tienda Digital del Gobierno Federal, el cual entró en operación el pasado 13 de agosto de 2019.
La Tienda Digital es un portal tipo “Mercado Libre”, a través del cual las unidades administrativas realizan solicitudes de compra de manera electrónica, y las áreas de compras atienden dichas solicitudes con un carrito de compras electrónico, utilizando los productos que ofertan los proveedores en línea. Asimismo, en la misma plataforma se firman las órdenes de suministro mediante firma electrónica avanzada, comprometen recursos públicos en los sistemas presupuestales, dan seguimiento a la entrega y aceptación del bien, y se gestiona y da seguimiento al pago. Lo anterior resulta aplicable sólo para “Contratos Marco”.
El primer Contrato Marco que se implementó en la Tienda Digital es el Contrato Marco de artículos de papelería, servicio de cafetería, consumibles y accesorios informáticos en el que hay 18 proveedores ofertando sus productos en línea hoy en día. Además, se tiene considerado desarrollar los módulos siguientes: Planeación e Investigación de Mercado; Subastas; Procesos de Contratación; Administración de Contratos y Evaluación; Observadores Ciudadanos; Informes y Rendición de Cuentas; entre otros.
Así, la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Pública está siendo desarrollada con base en las mejores prácticas y estándares internacionales, la cual estará orientada a: generar mayor transparencia; divulgar información bajo Estándares de Datos de Contratación Abiertas en formatos de datos abiertos; asegurar la confiabilidad de la información; promover la libre competencia, libre concurrencia y reducir barreras a la entrada a las contrataciones públicas, además de convertirse en un instrumento eficaz para la rendición de cuentas con los sectores público, privado y social.
De esta manera la Oficialía Mayor busca combatir la corrupción y generar ahorros en las contrataciones públicas, y liberar recursos hacia las prioridades de la presente administración.
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